El Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias (Sepepa) y sus técnicos no detectaron ninguna anomalía ni irregularidad en los cursos de formación que, con subvenciones públicas, impartió UGT-Asturias entre 2010 y 2013, según declaró ayer la actual director gerente de Sepepa, Pilar Varela, ante el tribunal que juzga el caso por un supuesto fraude de 1,4 millones, pero la Intervención de la Administración General del Estado en la comunidad mantuvo su tesis de que hubo “sobrecostes relevantes” en los alquileres de locales por parte de empresas subcontratadas por el sindicato y que la interposición de estas sociedades permitió “inflar gastos que se justificaban por encima del precio del mercado”, declaró la interventora María José Mora de la Viña, autora de un informe que avala la posición de las acusaciones. Mora de la Viña también cuestionó la asignación de costes salariales de empleados del sindicato a la organización de los cursos porque, siendo admisible esta práctica, “debe estar motivada y circunscribirse al mes anterior a la realización de la acción formativa”.
Varela mantuvo que los controles de Sepepa “son eficientes” y que “no se paga ninguna cantidad sin ese control previo”. Una sociedad pública (Serpa) supervisaba a su vez la veracidad de los cursos. “Si nuestros técnicos dieron su ‘OK’ fue porque se cumplía la norma y, si no se revocó, fue porque los precios de alquileres declarados se ajustaban al mercado”, señaló.
Varela dijo que UGT-Asturias había sido autorizada a subcontratar con IFES (sociedad de UGT confederal) y otras entidades, que la facturación por horas era habitual y que era común que las entidades incorporasen como gasto asociado el coste de su propio personal que colaboraba en la celebración de los cursos. “La norma permitía que los costes imputados se acercaran al 15%”, agregó.
La interventora María José Mora sostuvo por el contrario que la facturación por horas de equipamientos propios sobre los que se tenía plena disponibilidad era un modo de inflar los gastos, que los costes atribuidos “deben responder a gastos reales soportados y justificados” y que no cuestiona la participación en los cursos de las sociedades Ifes, Localmur y Formación 2020 (vinculadas entre sí y dependientes de UGT Confederal) e Infastur (de UGT-Asturias), que forman –dijo– “una unidad económica”, sino la veracidad de las operaciones y su coste. A preguntas de las defensas, señaló que no hizo un estudio para conocer los precios del mercado, pero que tiene certeza de que el alquiler de un local para impartir formación en la calle Sacramento, de Oviedo, se formalizó por encima de esos baremos porque Localmur cobró a IFES en subarriendo un importe superior al que esta sociedad pagaba antes al arrendador, y que las posibles mejoras y equipamientos que pudiera haber hecho Localmur para justificar ese incremento deberían haber constado en las facturas y que, aun así, no eran subvencionables, lo que sí ocurría con el alquiler. Señaló que los controles del Principado eran exhautivos pero que no entraban en el fondo de las operaciones ni en sus aspectos financieros. “Hace”, dijo, “una comprobación formal de la documentación justificativa”.
