Más de doce horas de registro en el Servicio Canario de Salud en busca de archivos del 'caso mascarillas'

La Policía Judicial pasó este jueves más de doce horas registrando la sede del Servicio Canario de la Salud (SCS) en Las Palmas de Gran Canaria para buscar información relacionada con el caso Mascarillas. A las 8:25 de la mañana, siete miembros de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional de Las Palmas y de Madrid entraron en las instalaciones de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, siguiendo órdenes de la Fiscalía europea, para rastrear archivos informáticos del exdirector del SCS Conrado Domínguez y de la exdirectora de Recursos Económicos Ana María Pérez.

Esta acción no pilló por sorpresa a nadie, pues el organismo comunitario advirtió sobre el día en el que se iba a proceder al registro. Tras finalizar la inspección, los agentes intervinieron varios expedientes y un par de ordenadores para proceder ahora a su análisis y estudio. Durante la jornada, los funcionarios desarrollaron su trabajo con normalidad, aunque algunos curiosos se asomaban a los ventanales, atraídos por la expectación mediática que había a las puertas de su lugar de trabajo.

La Consejería de Sanidad recibe dos inspecciones judiciales en menos de un mes

La Policía trabaja con la hipótesis de que Domínguez, investigado por presuntos delitos de prevaricación administrativa y tráfico de influencias, pudo haberse llevado una mordida de la comisión de 100.000 euros que supuestamente se desgajó de la compra de un millón de mascarillas N95 modelo 1860 de 3M, por valor de cuatro millones de euros, durante los primeros meses de la pandemia de la covid-19.

Las mascarillas nunca llegaron a los hospitales canarios

El material sanitario adquirido a la empresa RR7 United –cuyo objeto social es la venta de automóviles y vehículos de motor ligeros– nunca llegó a los hospitales canarios, pues fue bloqueado por Aduanas en el Puerto de La Luz y de Las Palmas, al detectar que el cargamento llegado desde Addis Ababa (Etiopía) se trataba de falsificaciones. Ante esta situación, el SCS decidió rescindir el encargo a RR7 pero un año más tarde, en 2021, Domínguez autorizó que ese contrato se reactivara y así dar a la empresa la oportunidad de importar una nueva partida de 1,2 millones de mascarillas de otra marca, a cuenta del dinero que ya había cobrado. El SCS tampoco recibió esa segunda remesa. Después de dos años en el cargo –durante el Gobierno del ahora ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres–, Domínguez dimitió en noviembre de 2022 tras su imputación en esta causa.

Este registro se produce solo tres días después de que Domínguez se acogiera a su derecho a no declarar ante la Fiscalía Europea en Madrid. El exdirector del SCS, quien fue citado en calidad de investigado, justificó su silencio alegando que su defensa no había podido tener acceso a toda la información relacionada con el caso. 

El de hoy no es el primer registro en la Consejería de Sanidad. Hace menos de un mes, el pasado 11 de abril, agentes de la Guardia Civil en funciones de la Policía Judicial se llevaron documentos e informes de los años 2020 y 2021, en los que el Ministerio Público europeo busca detalles sobre las personas implicadas en los contratos para adquirir material sanitario y, además, pidieron acceder a los almacenes donde se depositan las mascarillas sobrantes de esa etapa. Precisamente, estas compras en plena pandemia no solo están siendo investigadas en el caso Mascarillas, sino que también están bajo sospecha en el caso Koldoy en un presunto fraude a Hacienda que implica al presidente de la Unión Deportiva Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez.

La posible estafa de cuatro millones de euros pueda afectar a fondos europeos

El caso Mascarillas arrancó con una querella de la Fiscalía Anticorrupción de Las Palmas pero, en noviembre de 2022, la Fiscalía Europea decidió asumir la investigación al considerar que la posible estafa de cuatro millones de euros pueda afectar a fondos europeos. En concreto, baraja que el dinero saliera del Feder (Fondo Europeo de Desarrollo Regional). Por esto, pidió al Juzgado de Instrucción número 7 de Las Palmas de Gran Canaria que se abstuviera de practicar nuevas diligencias. Este juzgado ya había tomado declaración como imputado a Domínguez el 29 de septiembre de 2022 y dos meses después, la Fiscalía Anticorrupción pidió al juez su detención, así como acceder a sus correos electrónicos y a su teléfono móvil por temor a que destruyera pruebas. El juez no lo aceptó.

Clavijo señala que el papel del Gobierno canario es de «total facilitación y colaboración»

Además de a Domínguez, el organismo europeo también investiga Rayco González, administrador único de RR7, por estafa agravada y blanqueo de capitales; y a la exdirectora general de Recursos Humanos del SCS por prevaricación. La investigación de la UDEF determina que Lucas Cruz, Ihsan Mahmoud Mohamed Al Sabbagh, Samuel Machín y Oswaldo Lastras, quienes actuaron como intermediarios de la operación, presuntamente también habría cobrado comisiones.

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, sostiene que el Ejecutivo autonómico seguirá colaborando para aclarar lo qué ocurrió con los cuatro millones de euros que se pagaron por adelantado para traer material sanitario a las Islas. Clavijo apuntó en que el papel del Gobierno canario en este asunto es de «total facilitación y colaboración» con la Justicia y agregó que las responsabilidades políticas se tendrán que dirimir en las distintas comisiones de investigación que se han creado en el Parlamento de Canarias y en las Cortes Generales, así como en los juzgados. «Nuestro trabajo tiene que ser el que nos toca y no vamos a utilizar las causas judiciales con motivos políticos», concluyó.

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