El Pleno gijonés da su apoyo al personal de Jove y el espaldarazo al futuro hospital de Quirón
"No se merma ni un ápice la sanidad pública", dice el gobierno al avalar el proyecto de Nuevo Gijón que permite dar suelo para ampliar Cabueñes
Marcos Bernardo, presidente del comité de empresa de Jove –segundo por la derecha–, junto a varios compañeros minutos tras la declaración institucional aprobada en el Pleno. / Ángel González
Entre aplausos de representantes de la plantilla que estaban presentes en el salón de plenos, la Corporación aprobaba ayer por unanimidad una declaración institucional de apoyo a las reivindicaciones de los trabajadores del hospital de Jove, "buscando una solución que garantice una sanidad pública de calidad en condiciones de igualdad para toda la ciudadanía". Y, unos minutos después, pero entre una concentración de rechazo en la plaza Mayor convocada por Asturies pola sanidá pública y con el no de IU y Podemos –votaron a favor PSOE, Foro, PP y el edil no adscrito y no asistió a la sesión la edil de Vox, Sara Álvarez Rouco, por enfermedad– se daba luz verde a la aprobación inicial de la modificación del Plan General de Ordenación (PGO) que permitirá la construcción del hospital privado que el grupo Quirón tiene previsto desarrollar en Nuevo Gijón. Aunque en este caso, los grupos que votaron a favor pusieron en valor tanto la inversión que conlleva el proyecto de Nuevo Gijón como el convenio con la permuta de parcelas en la que se asienta y que permitirá ceder suelo a la ampliación del hospital de Cabueñes.
En este sentido, el edil de Urbanismo y portavoz de Foro, Jesús Martínez Salvador, destacó que la tramitación por vía de urgencia se hace para garantizar "que las obras de Cabueñes no se paralicen", pensando en que ese convenio se haga efectivo antes de que acabe el año y defendió que la posibilidad de tener más oferta sanitaria "para quien libremente la elija. No mermará ni un ápice la calidad de la sanidad pública". Su compañera de gobierno y edil de Economía y Empleo, la popular Ángela Pumariega fue quien habló de "una oportunidad para Gijón y un referente para otras futuras inversiones", al destacar que la operación de Quirón fija 40 millones de inversión y 300 empleos.
En nombre del PSOE fue Constantino Vaquero quien defendió el "interés general" de seguir adelante con el proyecto de ampliación de Cabueñes, "y para eso se necesita ese convenio". Vaquero también aseguró que no afecta de manera negativa a la sanidad pública y recordó que hay un procedimiento judicial abierto y "serán los tribunales quienes digan si el trámite se ajustó o no a derecho".
La protesta promovida por Asturies pola Sanidá Pública contra el hospital privado de Nuevo Gijón. / Ángel González
Al otro lado se posicionaron Podemos e IU. Olaya Suárez utilizó el término "chantaje" y Javier Suárez Llana el concepto "convenio trampa" para definir la vinculación entre el proyecto privado de Quirón y la ampliación del gran hospital público de Gijón. Para ambas formaciones había un camino más directo que la permuta para conseguir el suelo que necesitaba Cabueñes: la expropiación. "Esto no responde a un interés general, esto es el interés de una empresa que viene a hacer negocio. Y sin listas de espera no hay negocio para la sanidad privada", remató Suárez Llana.
Esta aprobación inicial estará durante dos meses abierta a alegaciones dentro de un proceso de información pública. Paralelamente se someterá el Documento Aprobado Inicialmente (DAI) junto con el Estudio Ambiental Estratégico (EAE), a consulta de las administraciones afectadas y de las personas interesadas.
La Alcaldesa pedirá al Puerto más relación con los barrios del entorno
«A lo mejor no lo expliqué bien. Esto no es solo por la contaminación. Es por la limpieza, la seguridad... por tener una relación de buena vecindad que ahora no se tiene», confesaba el portavoz del PSOE, Luis Manuel Flórez, «Floro», al ver cómo ningún grupo apoyaba su idea de que el Ayuntamiento mediara ante la Autoridad Portuaria para crear una mesa de trabajo con los vecinos de Muselín, Portuarios y Pescadores. Para los grupos ya había foros definidos donde hablar de las relaciones del Puerto con Gijón, y sobre todo de la contaminación. «No se explicó mal, lo que no veo es que instar a la Autoridad Portuaria vaya a ser el mejor camino», le contestó la propia Alcaldesa, Carmen Moriyón, al tiempo que se comprometía a, de manera personal, plantear el asunto al presidente del Puerto.
Ciudadanos de segunda
No hubo discrepancias políticas ni discursos –al ser una declaración institucional no hay turno de palabra– al tomar la decisión de que el Ayuntamiento de Gijón inste al Principado a interceder en la defensa de la mejora de las condiciones laborales del personal del hospital de Jove, que pide su homologación con el resto de la red pública. En la declaración, los grupos asumen que las carencias que denuncia el personal generan "la sensación de un abandono institucional que crea ciudadanos de segunda dependiente del código postal al que se pertenezca". Jove da, mayoritariamente, servicio a los vecinos de la zona oeste. También hubo una declaración institucional del Ayuntamiento de Gijón, en línea con la Federación Española de Municipios y Provincias, con motivo del Día Nacional de la Convención Internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad. En esta ocasión suscrita por todos los portavoces municipales excepto Vox.
Enfrentamiento a la izquierda por el uso del «trabajo ajeno»
Una iniciativa de Podemos para consolidar un proceso de presupuestos participativos, que no salió adelante, acabó convirtiéndose en un cruce de acusaciones por la izquierda entre Olaya Suárez y la socialista Marina Pineda sobre «la atribución de iniciativas que no son suyas», el uso «del trabajo ajeno» y la complacencia de cada cual con el equipo de gobierno.
Un mapa de recursos energéticos y un estudio sobre edificios públicos
El Ayuntamiento de Gijón pondrá a disposición de todos los gijoneses un mapa de recursos energéticos, realizará una serie de estudios que permitan ver las posibilidades de usar edificios municipales para generar y almacenar energía e impulsará la constitución de comunidades energéticas a través de la futura Oficina de la Energía. Todas estas acciones las puso ayer sobre la mesa la popular Ángela Pumariega, en su condición de concejala de Innovación, al contestar a la iniciativa del portavoz de IU, Javier Suárez Llana, en favor de elaborar un mapa solar y en base a ese mapa estudiar la cesión de cubiertas de edificios públicos a comunidades energéticas, siguiendo el modelo que se desarrolla en Santa Bárbara. «Vamos a hacer un mapa más ambicioso del propuesto», indicó Pumariega. La propuesta salió por unanimidad con la enmienda del gobierno.
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